“Todavía no entiendo cómo se ordenó mi detención sin pruebas”

Irene Sabalete, la que fuera delegada provincial de Empleo, acaba de ser exculpada de todos los cargos que pesaban sobre ella por las supuestas irregularidades detectadas en los cursos de formación. La magistrada María Núñez Bolaños acaba de dictar el auto de archivo de la conocida pieza política de este presunto fraude a las arcas públicas. Su predecesora en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la juez Mercedes Alaya, fue la que ordenó a la Guardia Civil, en marzo de 2015, la detención de Sabalete, junto a otros 22 exdirigentes políticos de la Junta de Andalucía: “A día de hoy, todavía no sé por qué me arrestaron. Es algo incompresible, porque no había pruebas de ningún tipo, tal y como ha quedado demostrado”. sostiene la exdelegada provincial.

Irene Sabalete lo ha pasado muy mal desde que, en marzo de 2015, la Guardia Civil fue a su casa de Torredelcampo y se la llevó detenida. Fue en el marco de la operación “barrado”, que investiga irregularidades en la concesión de subvenciones públicas a los cursos de formación. Tres meses después, tuvo que acudir a la Comisaría de la Policía Nacional, donde se le leyeron sus derechos por la operación “Edu”, que estaba centrada en los mismos hechos.

A mediados de junio, el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén archivó esta segunda causa contra Sabalete y otros catorce funcionarios de la Delegación Provincial de Empleo, al no haber encontrado “irregularidad alguna en el control que la Administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgaban las subvenciones”.

Y esta misma semana, la jueza Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya en Instrucción número 6, ha seguido el mismo camino y ha dado carpetazo a la causa política de la operación “Barrado”.

La juez señala que no todas las subvenciones investigadas por la policía judicial por no estar justificadas carecen de estos avales. “El fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación. El menoscabo de fondos públicos tampoco”, afirma la juez en el auto que cierra la causa, como reclamó la Fiscalía, y deja la investigación en decenas de casos particulares abiertos en 18 juzgados andaluces.

La magistrada argumenta: “Asimilar los conceptos de fraude o menoscabo a los de prevaricación o malversación es contrario a derecho y al principio de legalidad”. Y añade que la mera ilegalidad detectada no corresponde al derecho penal, sino a otros ámbitos jurídicos que ya “tienen prevista una adecuada reacción orientada a mantener la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos”.

La juez Núñez rechaza de plano la existencia de una trama emanada desde la Administración para defraudar con los cursos de formación, cuyas irregularidades están siendo investigadas por una veintena de juzgados y orientadas a los convocantes de las actividades formativas por acceder a subvenciones no debidamente justificadas. Sostiene la magistrada que una interpretación penal de los fraudes supondría “un ataque consciente y grave” que la instructora no observa.

Tras quedar totalmente exculpada de todos los cargos, Irene Sabalete rompe su silencio. Habla de los duros momentos vividos en su detención, que califica como “pesadilla”, “calvario”, “escarnio” y “atropello”. “Fue un momento durísimo, que mi familia no olvidará jamás, porque me arrestaron delante de mi hija de 4 años”. En este sentido, califica de “falsa” todo el proceso judicial y estima que su arresto no tenía sentido alguno. “Nos han machacado personal y profesionalmente. De esto es muy difícil salir, porque hay gente que no se entera de que esto se ha archivado, y siempre queda la duda”. Sabalete afirma que esperará al archivo definitivo de la causa —el PP ha anunciado recurso ante la Audiencia de Sevilla— para pedir una compensación por lo ocurrido.