Tasas con vertedero provincial
El PP no ve más “remedio” que imponer un nuevo impuesto para el servicio
Lo que toda la oposición interpreta como una subida indiscriminada de las tasas de la basura, para el equipo de Gobierno es la opción más “responsable” y ante la que no hay más remedio que asumir la “obligación” de costear, con las tasas, el 100% del servicio del vertedero. En una rueda de prensa, el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, explicó el porqué del nuevo impuesto al que pretende involucrar a la ciudadanía y que supone una subida del 17%. En su argumentación, Bonilla informó de que en su propuesta, para el pleno de mañana, la supuesta subida es, en realidad, una nueva tasa, en concreto para el vertedero.
De esta forma, el edil popular valoró la oferta de la Diputación para el uso de sus instalaciones, en lugar de utilizar el vertedero municipal, dado que no reúne las condiciones exigidas. “La situación económica del Ayuntamiento obliga a la Diputación a exigir garantías económicas que aseguren la sostenibilidad financiera de la empresa que presta el servicio. Entendemos que teníamos que satisfacer ese requerimiento”, explicó Bonilla, para justificar el cobro de la nueva tasa. “No lo decimos nosotros, lo dice el Real Decreto Ley 17/2014, (ley de Racionalización)”, apuntó el edil. Asimismo, insistió en que hay unos convenios con la Diputación que solo se pueden firmar si existe una financiación del 100% del coste del servicio a través de la tasa, porque de lo contrario sería entrar en “fraude de ley”. Bonilla recordó que el propio convenio fija, en una de sus cláusulas, que su vigencia queda sujeta a la aprobación el 1 de enero de 2017 de la nueva ordenanza municipal, “porque tiene que haber una garantía de financiación cuando uno asume una obligación legal”. De hecho, negó la posibilidad de fijar otras financiaciones alternativas, como la cesión a la Diputación de las multas, y volvió a remitirse a que se podría incurrir en un “fraude de ley” porque conllevaría a un “déficit”.
Aunque el PP necesita “solo” una mayoría simple para sacar adelante esta nueva tasa, el concejal aseguró que ya tienen otras alternativas para usar otro vertedero; sin embargo, se negó a hacerlas públicas.
En cuanto al 15% de pagos a FCC por amortización como denunció el PSOE, Bonilla negó tales gastos y aseguró que las últimas certificaciones firmadas por los técnicos municipales no incluyen amortizaciones.
Ante la versión del concejal del PP, Manuel Bonilla, sobre la aplicación de la tasa del 17% al servicio del vertedero de la Diputación, la vicepresidenta de la Administración provincial, Pilar Parra, niega que impusieran la aplicación de impuesto alguno. “Nosotros planteamos la garantía de cobrar el servicio, pues se pone en riesgo a unas 250.000 personas de la provincia. De esta manera, propusimos la posibilidad de gestionar algún tipo de impuesto como el de las multas, pues tenemos la experiencia de cuatro años y la eficacia de la Diputación en esto estaba demostrada”, explica Parra. Además, brindó la opción de compensar, con otras subvenciones de la Diputación, para garantizar el coste de 1,9 millones de euros del servicio (que cuando llegue enero se rebajaría el 10%, por lo que quedaría en 1,7 millones), como tributo como el IBI o el de vehículos. “Para tener una cifra aproximada estas eran algunas soluciones que dimos, pero dijeron que no, e insistieron en la idea de dividir la tasa. Ya en mayo dije que no tenía que suponer que la Diputación imponía una subida y el PP dijo que no se subirían los impuestos”, recuerda. De hecho, Parras considera que, en la división de los servicios, lo lógico es descontar a las tasas actuales la proporción del vertedero, por lo que, la recogida de basura reduciría la tasa actual. “Luego, se agarran a su plan de ajuste y que se tienen que adaptar a lo que vale el servicio, pero eso no es imputable al que prestará a la Diputación”, dice la política. Asimismo, indica que, cuando el Ayuntamiento sacó el borrador del pliego de condiciones había dos precios: uno si se usaba el vertedero y otro si no. “Si optaba por la primera, se ahorraba casi 800.000 euros anuales, pues la opción más barata es la que presta la Diputación”, remacha Pilar Parra.