Los Puentes regresan al año 0

Si hay un adjetivo que defina el proceso para “legalizar” las viviendas construidas en la zona de Los Puentes es enmarañado. Prueba de ello es que se trabaja, sin éxito, desde hace unos veinte años. Los propietarios afectados por esta situación, constituidos en una unidad de gestión vecinal, no cejan en su empeño de lograr una salida y, en este largo camino, ayer fue un día importante. Alberto Castro, presidente de la entidad que agrupa a estos ciudadanos, explicó que, por fin, y para su satisfacción, comienza a aplicarse el protocolo firmado en 2006 para normalizar la situación de estos inmuebles. El primer punto de este acuerdo deja claro, como recuerda, que hay que proceder al deslinde de las zonas en las que se puede construir o no. Hasta el momento, lo único que existe al respecto es un avance de este documento, que se circunscribe a parte del Puente de la Sierra, es decir, nada a efectos prácticos, como apunta Castro. La subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, explicó que el trabajo, esta vez ya completo, permitirá determinar cual es la zona de dominio público hidráulico y policía de río. La tarea que ya ejecuta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se prolongará, al menos, dos años.

Esta labor cuenta con un presupuesto de un millón de euros y, eso sí, no es imprescindible para que el planeamiento, que corresponde al Ayuntamiento, pueda hacerse de una manera que resuelva la situación del grueso de estos chalés, argumentó la representante de la Administración General del Estado. Y es que, con la ley en la mano, el Ayuntamiento ya podría comenzar a encajar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) estas zonas residenciales. El responsable de la unidad de gestión vecinal apunta al respecto dos claves: por un lado, a la espera de que se culmine el deslinde completo y detallado, ya es posible determinar cuales son las propiedades que no se verán afectadas finalmente por estos límites a la edificación; en segundo lugar, al existir ya un mapa de inundabilidad, también se pueden conocer aquellos inmuebles que se encuentran en el área afectada por las avenidas de agua. Una vez desechadas unas y otras, opinó el vicepresidente de la unidad de gestión, José Sánchez, “hay algunas que sí o sí, nos guste o no, estarán dentro de dominio público hidráulico”. “Eso es suelo público y no se puede hacer en nada”, insistió. Con esta salvedad, los residentes solicitan al Gobierno local que haga todo lo posible por atender sus peticiones de regularización. Ello es posible conforme al Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía y siempre en el marco del PGOU, un documento que, eso sí, se encuentra suspendido de facto.

La teniente de alcalde Reyes Chamorro, que acudió en representación del máximo responsable municipal, Javier Márquez, reconoció que la Administración local tendrá que afrontar un “estudio casi individualizado” de cada uno de los inmuebles y, tras dejar claro que el Ayuntamiento esperará a que se termine el estudio del dominio público, apuntó que, antes de la regularización, que llegará con el PGOU, hay que reconocer las propiedades que son, dijo, “términos que no se pueden confundir”. De la mesa de trabajo levantó acta el secretario general de la Subdelegación, Juan Pedro Quesada, para, de esta forma, como apuntaron los vecinos, dejar constancia de lo acordado para evitar pasos atrás con posibles cambios al frente de las administraciones. “Dentro que no hemos sacado nada en claro, hemos visto voluntad política. Esperamos avanzar por fin en el protocolo de 2006, que sí tiene fuerza jurídica”, dejó claro el presidente de la unidad de gestión vecinal que avanzó que, la próxima reunión será antes del verano.