La Junta paraliza la actividad en la cantera de la Fuente de la Peña

Un informe de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio es la mejor de las noticias para aquellos que consideran que la extracción de piedra en el paraje de La Quebrada de Fuente de la Peña no debería de haber comenzado jamás. La Administración andaluza, a través de este departamento, declara la caducidad de la concesión de la explotación de recursos de la sección C de este monte. La resolución, notificada ayer, es la consecuencia del expediente que puso en marcha, en marzo, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén, e implica el cese de la actividad inmediata. Tanto la empresa titular de la concesión como la explotadora presentaron alegaciones que se resolvieron sin que evitaran el cierre.

La Junta de Andalucía, explica, en una nota, que la decisión se adopta tras el incumplimiento de las condiciones impuestas en el título de la concesión, tal y como recoge en su articulado la Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas, y el Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto. Aunque la caducidad de la concesión conlleva la paralización de la actividad extractora, no exime a su titular de continuar con las obligaciones de restauración contraídas y garantizadas ante el Gobierno andaluz. El quid de la cuestión es que la Dirección General de Industria, Energía y Minas considera que en esta explotación minera se realizaron trabajos no incluidos en el Plan de Labores 2016. Por si fuera poco, también queda constatado que determinados trabajos sobrepasan el área incluida en el Proyecto de Restauración. Es por ello que, al entender que se vulnera la legalidad, al no cumplirse los requisitos recogidos en la concesión, por lo que se da vía libre al proceso. Para la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, la resolución pone de manifiesto que la Junta de Andalucía, en sus palabras, “ha trabajado con responsabilidad y cumpliendo con sus competencias”, que se centran en la vigilancia de la explotación y el control de la legalidad de la actividad. La representante de la Junta recordó que, ya el pasado mes de febrero, la Junta prohibió la actividad minera en la cantera Fuente de la Peña en dirección a la capital, donde se encuentra la lámina de protección de los abrigos rupestres reconocidos como Bien de Interés Cultural (BIC). Estos restos, aclaran, no se han visto perjudicados, como constata un informe de la Delegación de Cultura de la Junta.

No son los únicos reparos impuestos por el Ejecutivo regional, ya que también se instó a la empresa a adoptar medidas de integración paisajísticas referidas al límite de la explotación. Además, también se tramitó, por parte de la Delegación Territorial de Economía y Empleo, un expediente sancionador por las deficiencias observadas en el vallado perimetral, en la seguridad del camino de acceso y por falta de planes de reforestación. La Junta de Andalucía, en su documento, recuerda que la cantera, dedicada a la extracción de piedra ornamental, se ubica en un monte de titularidad municipal y que “en ningún momento ha estado consorciado con la Administración andaluza”.

Este periódico trató, sin éxito, de conocer la postura del empresario afectado por esta decisión, José Ángel Mesa. En declaraciones concedidas a este periódico, el pasado 8 de febrero, aseguró: “La cantera se explota con todas las garantías”. Insistió en que contaba con todas las autorizaciones pertinentes y que, a su juicio, este paraje, “es un yacimiento geológico que genera riqueza”.

El mes pasado, el alcalde, Javier Márquez, en una carta con la que quiso alejar al Ayuntamiento de la polémica sobre este paraje natural, recordó que, el Ayuntamiento, en 1944, lo cedió al extinto Instituto de Conservación de la Naturaleza, a través de un consorcio, para que la zona fuera repoblada. Posteriormente, en 1972, se procedió a dar una concesión administrativa para la explotación. Sobre esta base, aseguró que la responsable de retirar la licencia era la Administración autonómica. En esta línea, apuntó que, en 1977, 1978 e, incluso, en 1983, el la Corporación Municipal realizó diferentes acuerdos plenarios y actos donde, según recuerda la misiva, “por unanimidad, se acordó la petición del cierre de esta cantera”. Márquez también sacó a colación que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 2001, dictó una sentencia donde se decía que la explotación, “tenía una actividad legal y no tenía por qué estar en contra del planeamiento urbanístico, pero no se entiende que, con la oposición del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía continúe cediendo unas concesiones de aprovechamiento en contra del consistorio desde los años 80”. El regidor también recordó que, en todos los años transcurridos, además, se decretó la protección ambiental de este paraje, lo que, para él, hace más llamativo que se dé vía libre al aprovechamiento. Ante esta maniobra municipal, la Junta de Andalucía respondió con un comunicado, en el que recordó que la Administración autonómica, cumple, “estrictamente con la legalidad en el ámbito de sus competencias” e instó al Ayuntamiento, como propietario de los terrenos, a decidir sobre qué había que hacer.