La anulación del PGOU retrasará el Jaén Plaza otros seis meses

La anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital es ya definitiva por una reciente providencia del Tribunal Supremo que finiquita el documento y, por lo tanto, confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 20 de septiembre de 2018. La decisión de la alta instancia judicial coge por sorpresa al alcalde, Javier Márquez, que confiaba en que los recursos interpuestos contra el fallo darían aire al PGOU, lo suficiente para que avanzaran sin problemas proyectos como el centro comercial Jaén Plaza o el Olivo Arena que, como dijo, aunque tiene licencia de obras, todavía no es definitiva, al caber recursos contra este acto. Márquez, en cualquier caso, insiste en que su decisión de “estirar el chicle” del PGOU, mal visto por la Justicia, por no haberse adaptado a la normativa europa y contra el que se habían presentado numerosos pleitos, fue acertada. Eso sí, en el nuevo escenario que se plantea, habrá que optar por las modificaciones puntuales del PGOU de 1996 lo que, en el caso del Jaén Plaza, implicará un nuevo retraso de seis meses.

El revés judicial llega cuando hay una tienda de ropa y un supermercado en muy avanzado estado de ejecución y con la zona de medianas superficies también en obras. Aunque no lo precisó ayer el alcalde, distintas fuentes municipales hablaron de que hay una veintena de licencias por resolver. El regidor desveló que la necesidad de resolver los inconvenientes de la anulación del PGOU no tendrán efectos en la urbanización, pero sí en la zona de tiendas y cines. Márquez, a pesar de todo, optó por hacer un llamamiento a la calma y fue tajante al eludir responsabilidades municipales sobre el dictamen judicial desfavorable. “Hemos recibido en nuestro culo una patada a la comunidad autónoma por no haberse adaptado a la normativa", reflexionó el máximo responsable municipal que apuntó que la situación de Jaén no es única, ni mucho menos, ya que, según precisó, actualmente en Andalucía hay 400 municipios que tienen bloqueado su PGOU por idénticos motivos. En cuanto a la elaboración del nuevo plan urbanístico, para el que deseó que sea fruto del consenso, estimó que no será hasta el mandato que comience en 2023 cuando pueda resolverse su redacción definitiva. Y es que, como dijo, además de ser necesario formar el nuevo Gobierno municipal que salga de las urnas el próximo 26 de mayo, habrá que adaptarse a la legislación andaluza, que sufre cambios actualmente, tal y como apuntó, y contar con los recursos necesarios. El anterior plan, recordó, supuso un desembolso de un millón de euros para las arcas municipales, dinero que será difícil de conseguir.