Investigados por violación
Cuatro alumnos de un colegio son expulsados por una supuesta agresión sexual
Los médicos que examinaron al niño en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda detectaron lesiones “compatibles con una violación anal”. Fue entonces cuando se activó el protocolo oportuno y el parte sanitario fue remitido a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahí comenzó una investigación sobre un caso que tiene conmocionada a la comarca de Cazorla y, en concreto, al municipio en el que se descubrieron los hechos. Las investigaciones apuntan a una agresión sexual a un alumno de 9 años por cuatro compañeros de entre 9 y 12 años “en horario escolar”.
Los presuntos agresores, que cursan los últimos cursos de Primaria y los primeros de la ESO, se encuentran en edades “inimputables”. No tienen responsabilidad penal, no se les puede detener, ni procesar judicialmente. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía confirmó la expulsión inicial del centro escolar en el que supuestamente se produjeron los hechos, como medida cautelar, sin perjuicio de otro tipo de iniciativas según transcurra el desarrollo de la investigación, siempre en coordinación con la propia Fiscalía de Menores.
Según pudo saber este periódico de fuentes cercanas al colegio, la presunta víctima relató a su entorno familiar lo sucedido el miércoles de la semana pasada y, al siguiente día, sus padres decidieron llevarlo al hospital de referencia. Fue entonces cuando comenzó una investigación que empezó a tener repercusión este mismo miércoles. Las mismas fuentes apuntan que el pequeño dijo a su familia que no era la primera vez que sus compañeros lo acosaban y lo agredían. La Consejería de Educación confirma que desde entonces trabaja conjuntamente tanto con la Guardia Civil, en la toma de declaraciones, como con la Inspección educativa para intentar esclarecer qué pasó exactamente. La consejera, Sonia Gaya, confirma que, según el testimonio de la familia del pequeño, se trató de una agresión sexual con penetración dentro del propio colegio, que cuenta con 148 alumnos, por lo que investigan también la actuación de los profesionales con vistas a tomar las “medidas oportunas”. Asegura que la víctima no acude a clase desde entonces y que se encuentra en su domicilio y califica el hecho de “muy grave, gravísimo”.
Fuentes policiales apuntan que el niño relató a los propios médicos del Hospital San Juan de la Cruz que la supuesta agresión se produjo en los lavabos del centro escolar, durante el recreo, y que fue cometida por el mayor de los cuatro acusados, que tiene 12 años. La Delegación de Gobierno en Jaén se limita a decir, en un comunicado, que desde el momento que tuvo conocimiento intervino de forma inmediata. De esta forma, indica que abrió, a través de la Inspección, una investigación para recopilar toda la información, analizarla y valorar la intervención que proceda. “Se activa el protocolo de actuación en caso de maltrato infantil”, agrega.
“A pesar de que la convivencia positiva es lugar común en las aulas andaluzas, no cabe duda en mostrar nuestro más absoluto rechazo y estupor ante este tipo de presuntos sucesos. Un solo caso requiere toda la atención y acción de la Administración educativa. Cabe recordar que Andalucía es pionera en protocolos y programas sobre convivencia escolar. Desde la Administración trabajaremos conjuntamente con las autoridades competentes (judiciales, Fiscalía, servicios sociales, protección del menor) y nos ponemos a disposición de la familia y comunidad educativa. Por último hacemos un llamamiento a garantizar la protección del menor o la menor y preservar su intimidad”.
El presidente de la federación que unifica las asociaciones de padres y madres de alumnos, Pedro Delgado, apela a la responsabilidad del profesorado en las aulas en sucesos como el que se investiga en la comarca de Cazorla. Los colectivos que trabajan en la protección de la infancia, aterrados por un caso que escapa de lo que debe ser la inocencia y la ternura de un niño, están convencidos de que hay fallos en el sistema educativo.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, que dice que se sentía “horrorizada y conmocionada”, subraya: “Lo primero que pido es respeto y protección a la identidad del menor y de la familia, y muchísimo respeto al entorno”. Además, exige tanto a la Fiscalía de Menores como a la Inspección de Educación que trabajan en el caso que “cuanto antes aclaren lo sucedido y se depure lo que tenga que depurarse en el caso”. La presidenta hace una reflexión sobre la seguridad de las personas y señala que “toda la sociedad en su conjunto y todas las instituciones tenemos que tener un compromiso claro y nítido con la seguridad” hacia la infancia y también hacia “las personas que son víctimas de violencia sexual o abusos sexuales de cualquier índole, por parte de un agresor o de una manada”.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anuncia que la Guardia Civil está “a expensas de la iniciativa” que adopte la Fiscalía de Menores, que es “la competente en esta materia”. Recuerda que los menores supuestamente involucrados en este asunto “son inimputables en algunos casos” por cuestión de edad. “Los agentes se pusieron en contacto con la familia del menor supuestamente violado y están realizando los informes, de forma que se está recabando la información y desarrollando la investigación oportuna”. El delegado confirma: “Todos nos hemos puesto a disposición de la familia para ayudarles, asesorarles en la medida de lo posible, tanto la Guardia Civil como las autoridades sociales y educativas de la comunidad autónoma”.
La Oficina del Defensor del Menor en Andalucía, que encabeza Jesús Maeztu, resuelve abrir queja de oficio tras tener conocimiento de la supuesta agresión sexual a un niño. Recuerda que, aunque en esta ocasión ha sido la más grave, los abusos habrían comenzado hace meses, supuestamente por el mismo grupo de escolares, si bien siempre existieron “presiones y amenazas” de los autores que evitaron que el niño revelara nada en el colegio o en su entorno cercano. Por otro lado, el personal del colegio donde se encuentran escolarizados tanto víctima como agresores no tenía conocimiento de agresiones anteriores ni actuales.
La consejera de Educación, Sonia Gaya, pide prudencia y recuerda que tanto la presunta víctima como los supuestos agresores son menores y deben estar protegidos. En declaraciones a la SER, confirma que la Delegación Territorial de Educación en Jaén tuvo constancia de este caso el miércoles y fue el propio director del centro escolar donde estudia el menor el que se encargó de trasladarlo. Añade: “Estamos recopilando información para saber lo que ha ocurrido y tomar las medidas y actuaciones oportunas”.
5.- José Antonio funes
El diputado y presidente de la comisión de Educación, José Antonio Funes, califica de “gravísimos” los hechos presuntamente acaecidos y exige “conocer todos los detalles” para, en su caso, “depurar todas las responsabilidades”. Ciudadanos en el Parlamento Andaluz registra la comparecencia de la consejera para que aporte información.
6.- Pedro delgado
El presidente de las ampas dice que contactó con la que trabaja en el colegio para mostrar su respaldo. “Exigimos que se esclarezcan los hechos”, apunta. Subraya: “Es necesario detectar qué ha fallado y recordar lo importante que es la responsabilidad de tener a nuestros hijos en manos del profesorado en los centros”.