Hacienda detecta 47.522 inmuebles con un valor catastral falseado

Los ayuntamientos incrementan su recaudación por IBI en casi 32 millones

    27 jul 2016 / 13:00 H.

    El Ministerio de Hacienda ha descubierto un verdadero “tesoro” oculto en el Catastro, cuya regularización iniciada en 2014 acaba de culminar su primera fase —el pasado 20 de julio— con unos resultados realmente sorprendentes. El agujero en el padrón urbano y rústico de los municipios es de los que hacen época porque, solamente en estos dos años y medio, se han detectado en todo el país 1,7 millones de inmuebles cuyos datos catastrales no se corresponden con la realidad.

    De ellos, 47.522 están en la provincia. Son construcciones irregulares que los jiennenses no han declarado y por las que deberían pagar los correspondientes impuestos (IBI, plusvalías...). De hecho, y de acuerdo con los datos oficiales de Hacienda, la recaudación extraordinaria acumulada durante los dos últimos años y medio por los 62 ayuntamientos jiennenses acogidos al plan asciende a casi 32 millones de euros, lo que supone un resultado superior en un 24% a las previsiones establecidas inicialmente. Y es que al actualizar el valor de este elevado número de propiedades, también ha subido los impuestos que sus dueños deben pagar por ellas.

    Este plan de regularización fue puesto en marcha en colaboración con los municipios en el 2014 y se prolongará hasta principios del próximo año. Se basa en el cotejo de la información reflejada en el Catastro con la procedente de imágenes recogidas a través del satélite y aviones, y la labor sobre el terreno de inspectores. ¿Qué tipo de fraude ha aflorado para alegría de las arcas municipales que se alimentan, en buena parte, del IBI? Desde inmuebles nuevos que no figuraban en el catastro y que eran opacos al fisco, pasando por aquellos que han sufrido ampliaciones y rehabilitaciones o los que han cambiado de uso. La casuística es muy variada: Terrazas y balcones cerrados para ganar unos metros de vivienda, casas ampliadas, piscinas de las que el ayuntamiento de turno no tenía conocimiento, techados de áticos, chalés construidos en terrenos rústicos, garajes construidos en la misma parcela...

    A través de fotografías aéreas o imágenes tomadas por satélites, el organismo dependiente de Hacienda ha ido comprobando las modificaciones que presentan los inmuebles. Después, ha trasladado la información a los ayuntamientos y ha enviado una notificación al ciudadano para que regularice la situación de su vivienda mediante el pago de 60 euros. No se trata de una multa, ya que Hacienda con este plan solo analiza si el valor declarado es el correcto. Otra cosa es lo que decidan los respectivos ayuntamientos sobre la posibilidad de legalizar las irregularidades detectadas en cada inmueble.

    El 31 de diciembre termina el plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización catastral, que se inició en 2013 y al que el 78% de todos los ayuntamientos de España ya se han acogido. En Jaén, los técnicos del Catastro han inspeccionado 397.271 inmuebles en 62 municipios, lo que supone el 71 por ciento del total de la provincia. El 11,96 por ciento de las construcciones y fincas revisadas en la provincia presentaba algún tipo de irregularidad catastral, un porcentaje de fraude que se sitúa por encima de las medias andaluza (7,99%) y nacional (8,9%).

    El reparto por provincias sitúa a Lugo como la primera localidad de España en número de inmuebles que han sido regularizados (85.289), seguida de Málaga (69.926) y La Coruña (68.702). A continuación figuran Alicante (66.333) y Valencia (61.679). El “top-ten” municipal lo completan Badajoz (60.582), Sevilla (59.986), Córdoba (59.256), Toledo (58.570) y Santa Cruz de Tenerife (50.143). En cuanto a las dos grandes capitales, Madrid suma 49.864 inmuebles mientras que Barcelona contabiliza 48.974 omisiones descubiertas estos dos años y medio por el Catastro.

    En recaudación el premio gordo se lo lleva Alicante (73,8 millones) por delante de Málaga (62,5) y Barcelona (60,8). A continuación aparecen las provincias de Murcia (59,2), Córdoba (52,5), Valencia (47,3), Las Palmas (46,6) y Cádiz (46,1). La lista de los diez mayores beneficiarios la cierran Sevilla (45,3) y Santa Cruz de Tenerife (42,8). En total, los ingresos por incremento total de la cuota íntegra del IBI en las localidades terminadas de regularizar alcanzan una cifra de 1.206 millones de euros. Toda una veta que, a buen seguro, seguirá produciendo “mineral” a medida que avance y culmine el proceso en los otros 2.177 municipios que todavía permanecen bajo la lupa de Hacienda. En Jaén, todavía quedan más de una treintena de pueblos en los que los técnicos del Catastro todavía no han terminado su labor inspectora.