Golpe al tráfico ilegal de cuernos de ciervo

Hay un negocio que mueve miles y miles de euros y que gira en torno a algo que, aparentemente, no tiene valor: los cuernos que se le caen al ciervo cuando llega la primavera y que quedan tirados en el campo. Es el desmogue. Esas cornamentas son del propietario de las fincas donde pace el animal. Sin embargo, son muchos los furtivos que se lanzan al monte en busca de esas codiciadas piezas. Tradicionalmente, siempre ha habido una potente industria artesana que reclama esta mercancía para fabricar objetos decorativos, como muebles, ceniceros, lámparas, llaveros o mangos de cuchillos. Sin embargo, en los últimos años, el valor de las cornamentas se ha disparado —entre 35 y 40 euros por kilo— debido a la gran demanda que llega de Asia, porque allí lo usan como medicina para curar determinadas dolencias. O como afrodisíaco. Y como Jaén es tierra de ciervos y gamos, lo es también de expoliadores. Son muchos los furtivos que salen al campo a ganar dinero con esta actividad tan lucrativa como ilegal. En los últimos años, la Guardia Civil de Jaén había realizado diversas intervenciones contra estos “ladrones de cuernas”.

Ahora, la Comandancia acaba de dar un paso más y ha desarticulado tres organizaciones diferentes que de desde la provincia operan en todo el territorio nacional. Es la bautizada como operación “”Cervogues”, por el Seprona de Jaén, encargados de la investigación. Los tres grupos, presuntamente, se dedicaban a la compra fraudulenta de desmogues para su posterior distribución en el mercado asiático. Solo en los últimos cinco años, habrían vendido 425.000 kilos de asta de ciervo y gamo, valorados en cerca de 12 millones de euros. Buena parte de esa cantidad, unos 333.000 kilos tendrían un origen ilícito (robos en el campo, robos en chalé o transacciones sin pagar los correspondientes impuestos). ¿Cómo lograban poner esa mercancía en el mercado con apariencia de legalidad? Con la falsificación de facturas a nombre de proveedores que, en muchos casos, ni tan siquiera sabían que estaban utilizando sus datos: hay 87 perjudicados en 22 provincias españolas, según los datos aportados por el coronel jefe interino de la Comandancia, Luis Ortega Carmona, que presentó los resultados de la operación “Cervogues” junto a la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño.

Y esos resultados son, realmente, espectaculares. La investigación, desarrollada durante casi un año por los agentes del Seprona, ha permitido la detención de siete personas y la investigación de otras dieciséis, por delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal. Según la Guardia Civil, formaban parte de tres grupos ubicados en La Carolina, Navas de San Juan y Baños de la Encina. Los tres operaban de forma independiente, sin nexos de unión entre sí, más allá de que el “modus operandi” era el mismo.

En la práctica, funcionaban como una empresa perfectamente legal y con todos sus papeles en regla. Mercantiles que se dedicaban a la adquisición de astas para su posterior venta en el mercado asiático a través del puerto de Castellón. Hasta aquí todo es correcto. Lo que ocurre es que estas sociedades conseguían miles y miles de kilos de asta de procedencia ilícita: son cuernas que recogían directamente sin permiso en las fincas, que robaban en casas de campo o que compraban eludiendo el pago de impuestos.

Para dar cobertura y apariencia de legalidad, estas empresas creaban “operaciones ficticias”, con las que simulaban el origen de la mercancía y del dinero que recibían por ella. Las tres organizaciones estaban perfectamente estructuradas y jerarquizadas con testaferros que son los que falsifican las facturas y otros miembros del grupo que reciben transferencias de fondos a cambio de una comisión o una compensación económica.

La investigación comenzó en abril de 2018. Los agentes del Seprona inspeccionaron los cuatro principales compradores de la provincia de este tipo de aprovechamientos cinegéticos: En tres de ellos (La Carolina, Navas de San Juan y Baños de la Encina) detectaron irregularidades, sobre todo en la facturación. Un examen más pormenorizado de esa documentación permitió comprobar la existencia de numerosas personas, repartidas por todo el territorio nacional, que figuraban como proveedores. La Guardia Civil sospecha que utilizaron sus datos de forma fraudulenta para fabricar facturas falsas o inflar algunas ya existentes de operaciones anteriores. Hasta ahora, se han detectado 87 víctimas, cuyos datos se habrían usado sin su conocimiento en estas transacciones. Se piensa que el número de perjudicados podría aumentar “hasta las 150", según el coronel jefe de la Comandancia, Luis Ortega, y la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño. Por otro lado, había casos de ventas reales en los que “se inflaba los datos" para multiplicar la cantidad sin que los afectados fueran, igualmente, conscientes.

La investigación del Seprona se ha centrado, de momento, en el estudio exhaustivo de los seis primeros meses del año 2018 de las empresas vinculadas a los tres grupos. Los agentes han comprobado la existencia de facturas relativas a 42,5 toneladas de asta de ciervo y gamo, lo que supone 1,2 millones de euros. De ellas, han sido fraudulentas 33,3 toneladas, lo que equivale a unos 900.000 euros.