Falta de voluntad para dar agua

Hay personas enfermas, una mujer a punto de dar a luz mellizos, ancianos y familias con niños que temen que, de un momento a otro, se quedarán sin agua en el Puente de la Sierra. Aunque este barrio sea conocido por sus chalés, segundas residencias veraniegas, son bastantes los jiennenses que tienen allí su vivienda fija durante todo el año. En todo caso, en Europa, en la inmensa mayoría de su territorio están garantizados los servicios básicos, como es algo tan fundamental como abrir el grifo y que haya suministro. En este barrio de Jaén no es así y sus habitantes están indignados y preocupados a partes iguales, como lamenta el presidente de la asociación de vecinos Puensi, Francisco Ramírez. Hasta el jueves tienen agua, pero ya estuvieron cinco días sin abastecimiento, como ocurrió al comienzo del verano. Para entender el origen del problema hay que mirar hacia atrás en el tiempo. Todo comenzó hace ya 13 años, cuando, conforme a un convenio de colaboración suscrito entre el padre de Rafael Alcántara y la Administración local, esta familia se hacía cargo del suministro de agua a algunos usuarios de la zona.

En estos casi tres lustros transcurridos, en numerosas ocasiones se advirtió a la Administración local de la necesidad de que cambiara el modelo, sobre todo, porque la colaboración se basa en un acuerdo que está más que expirado. El día 1 de octubre, dejó de bombear el pozo. En junio, como recuerda Alcántara, mantuvo una reunión con el Gobierno local para buscar una solución definitiva. Sostiene que se comprometieron a compensarle por los gastos, que estima que serán superiores a 9.000 euros solo por los meses veraniegos, y le pidieron que continuara abasteciendo al núcleo de población hasta octubre. Ante la inminencia de la llegada de esta fecha, Alcántara, que tiene un negocio en la zona, trató de avisar a los responsables municipales de que el tiempo se acababa y ni él había recibido la indemnización prometida ni se había buscado fórmula alguna para dar agua al Puente de la Sierra. Así ocurrió y, de nuevo, se cortó el grifo.

Por la presión vecinal y, como aclara, tras recibir una llamada del concejal Miguel Contreras, responsable de las Área de Régimen Interior y Servicio al Ciudadano, volvió a dar agua, con la garantía de este miembro del Gobierno municipal de que, en una reunión la semana que viene, se llegaría a un acuerdo definitivo. En estos días, como apunta, al menos, comprobaron que personal de Aqualia, que tiene la concesión del agua en la capital, había visitado las instalaciones de las que depende el suministro, con la idea de realizar una conexión a la red general.

“El Ayuntamiento se limitó a apaciguar los ánimos en julio, con una reunión a la que asistieron varios concejales, para luego crear, de nuevo, un problema. Con la excusa de que se trata de una zona ilegal, estamos como en el Oeste, cuando todo depende de la voluntad política. Si quieren se puede dar una solución o, al menos, explicarnos los pasos que tenemos que dar”, argumenta el presidente de Puensi que lamenta que, en lugar de los responsables públicos, que cobran por ello, sean ciudadanos como él, en representación del colectivo vecinal, o Rafael Alcántara, del que reconoce que está en una situación de “indefensión”, al asumir un servicio municipal sin respaldo alguno, los que tengan que buscar soluciones.

Fuentes municipales se remiten a lo dicho a los vecinos, en la reunión celebrada en el barrio. El quid de la cuestión es que los inmuebles se acojan al proceso de regularización que fue posible tras el decreto de la Junta de 2012 que creó la figura de “asimilado a fuera de ordenamiento”, conocida por sus siglas AFO. Además de ello, tal y como precisó el edil de Mantenimiento Urbano, Juan José Jódar en su momento, es indispensable que el Negociado de Estadística emita el certificado de que se trata de una vivienda habitual, es decir, estar empadronado allí, además de la escritura, un reportaje fotográfico del inmueble, la certificación del catastro y la nota simple del registro.