Una declaración de 2 horas tras casi 24 bajo la custodia de la Policía Nacional

El delegado de Empleo y Economía de la Junta de Andalucía, Antonio de la Torre Olid, abandonó el juzgado pasadas las dos y diez de la tarde. Lo hizo con gesto serio, pero con talante cordial. Su cara denotaba una larga noche en el calabozo y la incertidumbre de qué pasaría después de dar las explicaciones pertinentes a la magistrada Carmen Ballesteros, que es la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital. “No tengo nada que decir. Muchas gracias” fue el mensaje que dejaba a todo el que se le acercaba con un micrófono o una grabadora para preguntarle.

En cambio, sus dos abogados, Francisco Hinojosa y Alfonso Ramírez, sí que dejaron una idea clara: “Es inocente y vamos a trabajar para demostrarlo”. El letrado Alfonso Ramírez fue rotundo: “Esto no es más que una bola inflada. Él ni ha intervenido ni consideramos que existe irregularidad alguna”. Esta idea fue la que sustentó toda la declaración del delegado de Empleo y Economía de la Junta de Andalucía en Jaén en la sede judicial.

Por otro lado, el otro abogado, Francisco Hinojosa, manifestó: “No ha intervenido en la contratación. Lucharemos para demostrar su inocencia. Creemos que los canales que se han utilizado son los apropiados”. Junto al delegado, los empresarios Alejandro M. R. y José Ramón P. B. también comparecieron ante la magistrada. Dieron las explicaciones pertinentes sobre la fórmula de contratación de la campaña de publicidad, que es la causa por la que se les investiga. Luego, ambos quedaron en libertad, aunque también a disposición de la Justicia. Ni ellos, ni sus letrados quisieron decir nada. Fuentes policiales confirman que se les investiga por corrupción y falsedad documental, unos delitos que, presuntamente, pudieron cometer durante la adjudicación de la campaña publicitaria que conllevó la detención del delegado, pese a que la investigación no parte de ningún hecho vinculado a la responsabilidad política actual, sino de su etapa como trabajador de la Diputación Provincial de Jaén.

Existe otro empresario que también se incluye en las diligencias, pero que no fue citado por la magistrada para prestar declaración. Es José Manuel B. A., que salió de la Comisaría, tal y como confirman fuentes policiales, en calidad de investigado por corrupción y falsedad documental. Fue detenido, pero se le puso en libertad sin pasar por el juzgado. Asimismo, existe una funcionaria también dentro del procedimiento, que también figura en calidad de investigada. Es A. P. A. La Policía Nacional, siempre bajo la supervisión de la Justicia, abrió la investigación. Durante las detenciones, a los investigados se les leyó sus derechos en un procedimiento en el que se persiguen los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas para funcionarios públicos, corrupción en los negocios y falsedad documental por una adjudicación fraudulenta de una campaña de publicidad de la Diputación Provincial.

El delegado de Empleo y Economía de la Junta, Antonio de la Torre Olid, y los empresarios Alejandro M. R. y José Ramón P. B. llegaron a las doce y veinte minutos de la mañana al Juzgado de Instrucción número 4. Lo hicieron en dos vehículos camuflados de la Policía Nacional. En el juzgado ya estaban sus abogados y la documentación que aportó la Policía Nacional. A las dos y diez de la tarde empezaron a salir en libertad con cargos. Fue después de casi 24 horas bajo custodia policial. Los dos empresarios llegaron a Comisaría sobre las 12:00 horas del día anterior, mientras que Antonio de la Torre lo hizo en torno a las 18:00. En la imagen, por orden de salida de los juzgados.