Actualizado
miércoles, 12 diciembre 2018
17:50
h
URGENTE

¿En el punto de mira de VOX?

El centro feminista de Baeza, el PER y la ley de Memoria Histórica chirrían en el ideario de la fuerza del ultraderecha

VOX dice que el partido que quiera su apoyo para investir al próximo presidente del Gobierno andaluz debe cerrar la radio televisión pública autonómica. El mensaje lo dirigió a las dos fuerzas que lo necesitan, el PP y Cs y, si se pliegan a lo que reclama, en la provincia jiennense supondría la desaparición de la delegación de la radiotelevisión pública y que el equipo humano que trabaja allí, como el resto de las provincias, se fuera al paro. El líder de VOX lo considera un servicio “prescindible”, convertido en herramienta de “propaganda”. Por esa regla de tres, y a tenor de las críticas que recibe, casi desde de su nacimiento por parte de la oposición municipal, VOX también podría estar en contra de la televisión y la radio local de la capital, Onda Jaén. En general, cualquier planteamiento del partido de extrema derecha tiene traslación jiennense.

La idea de liquidar Canal Sur comienza a revelarse peregrina, puesto que requiere de una reforma estatutaria que parece lejana y el PP, tras entrar al trapo al principio, la descarta. Pero, la propuesta no llega sola, sino acompañada de otras demandas que, unidas, son toda una declaración de intenciones que entra en conflicto directo no solo con el Estatuto en general, sino con las leyes, como las de género o la memoria histórica. Estos últimos son dos de los asuntos capitales de la gestión del PSOE durante sus 36 años al frente de la autonomía, sobre todo, el primero, por estar en el núcleo duro del discurso desde hace más tiempo. Abascal reclama su derogación y, si alguien le hiciera caso, ¿como podría estar abierto el Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos?, uno de los lugares más simbólicos en lo que a “políticas de genero” en Andalucía se refiere. Se inauguró en Baeza, en un antiguo correccional para mujeres, una suerte de prisión para aquellas que eran consideradas “descarriadas” en los tiempos de la dictadura y los albores de la democracia. Desde hace casi un cuarto de siglo, el edificio tiene un uso totalmente opuesto y es una de las joyas del Instituto Andaluz de la Mujer. Tanto es así que la Administración regional ya se negó a revertirlo a la ciudad cuando, en 2005, en la época en la que el PP estaba en la Alcaldía baezana, se planteó la posibilidad de ubicar allí el Parador. Los socialistas baezanos también se opusieron. Ni siquiera se entró a negociar un cambio de ubicación.

Con los planteamientos de VOX, tan opuestos a las actuales políticas autonómicas, tampoco tendría sentido alguno la red de centros de información a la mujer, extendida por toda la provincia, fruto de la colaboración entre la Junta y los ayuntamientos. Un ejemplo del papel de este servicio es el que existe en Andújar que, solo hasta noviembre, atendió 212 consultas relacionadas con violencia machista, un fenómeno que VOX pone en entredicho. A Santiago Abascal, que hizo públicas sus condiciones para respaldar un cambio en la Junta el miércoles, tampoco le cuadra el Programa de Fomento del Empleo Agrario, el antiguo PER, ya que planteó la necesidad de que los nuevos inquilinos de San Telmo investiguen su “fraude”. Este plan pretende generar puestos de trabajo en el medio rural y, hasta el momento, se mantiene activo, gobierne quien gobierne en La Moncloa. Es, de hecho, una iniciativa dotada, sobre todo, con fondos estatales. Este año se invertirán 19,8 millones, una parte ínfima de los Presupuestos General del Estado, para dar empleo a 21.520 trabajadores.

¿Y que ocurre con la recuperación de la Memoria Histórica? La Junta tiene una Dirección General específica. Este departamento, en la provincia, libró fondos públicos para la exhumación de una fosa común en el cementerio de Marmolejo, en 2016, y el Ayuntamiento también colaboró con la iniciativa. De hecho, solicitó que se pusieran en marcha los trabajos al Gobierno andaluz con un acuerdo unánime, que impulsó la Alcaldía socialista e incluyó al Partido Popular, la misma fuerza a la que VOX reclama que haga desaparecer el marco legal que hizo posible esta intervención. Si no existe una norma que esté destinada a localizar los restos mortales de represaliados, que fueron depositados en contra de la voluntad de sus seres queridos en cunetas o enterramientos colectivos, quizás no habría lugar a la existencia de los considerados lugares de memoria, escenarios de los desmanes de los sublevados durante la Guerra Civil y, después, con la instauración del régimen de Franco. En la capital, por ejemplo, gozan de este consideración, lo que le implica que tienen que ser protegidos, el Refugio Antiaéreo de la Plaza de Santiago; el convento de Santa Úrsula, que fue una cárcel, y el Cementerio de San Eufrasio, donde los rebeldes realizaron fusilamientos masivos.