El órdago de lograr cien mil empresas en siete años

No hay empleo sin empresa. Javier González de Lara, máximo representante de los empresarios andaluces, fue claro y rotundo en su exposición en el desayuno informativo de “Jaén, nuevo milenio” que promueve Diario JAÉN para fomentar el intercambio de ideas en favor del progreso económico y social de la provincia. El director de Diario JAÉN, Juan Espejo González, fue el encargado de abrir el foro de encuentro, que se celebró en el Restaurante Casa Herminia de la Institución Ferial. Contó con el patrocinio de la Fundación Cajasol y de Vialterra. Juan Espejo González destacó la importancia del intercambio de ideas en favor del dinamismo de la provincia ante un auditorio repleto de empresarios, en el que también estaban el consejero de Fomento, Felipe López; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, y diversos delegados provinciales y alcaldes de municipios.

Javier González de Lara, conocido por su actividad empresarial en Málaga, tiene profundas raíces jiennenses, ya que su padre es de Alcalá la Real. Siente este municipio como suyo y tiene un planteamiento muy cercano a Jaén, a la que animó a afrontar los retos de futuro con valentía. “Me siento en casa”, fueron sus primeras palabras antes de saludar pormenorizadamente a todas las autoridades y amigos que estaban presentes en el foro. Agradeció las palabras de su presentador, Manuel Alfonso Torres —presidente de la CEJ de Jaén y vicepresidente de la CEA—, y ensalzó el trabajo que realiza en las dos organizaciones. Luego, entró en materia en una exposición muy clara, ordenada y rotunda en algunos aspectos. “Tras una larga y dura crisis, estamos en una fase expansiva nueva de la actividad empresarial que se fraguó en 2013 y 2014. Ya se han recuperado más de la mitad de las empresas que se quedaron en este camino. Perdimos 54.000 pymes y autónomos. En cambio, estamos en fase de crecimiento económico, expansión empresarial y creación de empleo”, afirmó. Asimismo, continuó: “En Andalucía, tras tocar el suelo en 2010, crecemos. Para 2016, el auge se situó en el 5%. Se crearon 16.700 sociedades, lo que nos coloca en el tercer puesto en comunidades, solo por detrás de Cataluña y Madrid. Sin embargo, el tejido empresarial se caracteriza por el protagonismo del empresario individual, con más del 60%. Nueve de cada diez empresas son micropymes, es decir, con menos de 10 empleados. Con esto quiero decir que uno de los retos importantes es el incremento de la dimensión, El 95% son microempresas. Tenemos un serio problema de dimensión. Necesitamos más empresas, que no se logran con palabras políticas y normativas. También generar confianza en el mercado, elevar los márgenes y alcanzar una gran prioridad, como es multiplicar el empleo”, manifestó Javier González de Lara. Precisamente, entró en un asunto clave, como las cifras del paro: “Hablamos poco de empleo, que es la gran preocupación de los ciudadanos. Si Andalucía consiguiera igualar a España, serían 100.000 empresas más y medio millón de empleos. Es perfectamente viable. Si mantenemos el ritmo actual, serían 17.000 empresas al año. En seis años, es posible crear 100.000 empresas si hacemos los deberes y con una visión de conjunto”.

Precisamente, aquí, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) pasó a enumerar algunos de los grandes retos: “La economía andaluza creció un 50% en 25 años, pero aún hay serias debilidades. La densidad empresarial nos dice que estamos por debajo de la media. Harían falta 100.000 empresas, lo que nos haría pasar de 58 a 70 empresas con 1.000 habitantes. Esta es la diferencia entre Andalucía y España. El tejido empresarial está atomizado y se deben de derribar muchas barreras, que son fiscales, burocráticas y de muchos tipos. Resulta necesario avanzar en número, dimensión y densidad. Hay que posibilitar el crecimiento de las empresas existentes, algo que son aspectos clave en la política económica en Andalucía”.

Por otro lado, Javier González de Lara indicó: “El momento es crucial. Ahora, la voluntad política y la acción pública se han de esforzar. El entorno institucional necesita seguridad jurídica, dejar trabajar, dejar hacer, dejar libertad. Tras la crisis, los empresarios no hemos hecho nada más que mirar hacia adelante, hemos afrontado nuevos desafíos con una vocación de transgredir la realidad. Pero, las administraciones públicas han de ser más eficientes y competitivas. El sector público necesita una reforma profunda y que asuma el desafío de su propia transformación. No solo pueden funcionar bien Hacienda y la Tesorería de la Seguridad Social”. Por ello, en este sentido, reclamó, a los políticos y a las instituciones, una vocación de más diálogo para llegar a pactos que sean beneficiosos para el desarrollo económico y social. De hecho, criticó la poca capacidad que existe para llegar a grandes acuerdos que conlleven el beneficio de la sociedad.

A la hora de abordar la cualificación de los trabajadores, también fue muy claro: “Nuestro modelo formativo está desequilibrado. Se mira más en cantidad que en calidad, da igualdad de oportunidades, pero concentra algunos factores más, como la extensión territorial, que el conocimiento. Creo que existe sobreoferta universitaria y déficit de la formación profesional, a la que hay que darle un gran impulso. La formación para el empleo, que llevamos casi 4 años sin ofertarla, tiene mucha demanda en muchos sectores. Sé que la Consejería de Empleo trabaja, pero hemos pasado 4 años sin poder cualificar a muchos trabajadores. La curva de la propia crisis ahora hace una cuesta de crecimiento y hay que formar mejor a los trabajadores. Cuando despegue la economía, si no lo hacemos, tendremos un serio problema. Incluso más siniestralidad”. También aludió a la lucha contra la economía sumergida y animó a las organizaciones empresariales a señalar dónde se encuentra, pero pidió eficacia para erradicarla: “Es un fraude fiscal, laboral y distorsiona la competencia. Y de eso, no se quiere hablar. Tenemos que reducirla al máximo, si no erradicarla. Es un reto que las administraciones, en colaboración con las empresas y la sociedad, tenemos que afrontar. La tasa de clandestinidad es del 28%, pero siempre se inspecciona a la gente que está dada de alta”.