Doble vara de medir urbanística
Los barrios en suelo urbano no consolidado piden el mismo trato que el Olivo Arena
Un millón de euros, invertidos por los vecinos a pulmón para que sus viviendas sean legales, conforme a las instrucciones de la Gerencia de Urbanismo y más de dos décadas en el limbo administrativo. Es la situación de los residentes en dos de los barrios que se levantan en la capital en los denominados suelos urbanos no consolidados (SUNC), según explicó Antonio Beas, en representación de las comunidades de la segunda fase del Tentesón y Bellavista. Esta inseguridad jurídica se agrava a raíz de la última sentencia en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que les impide avanzar hacia su consolidación como un barrio más de la capital. Sorprendidos por la “rapidez” de la Justicia para tumbar el planeamiento urbanístico e indignados con el modo de obrar de las administraciones, Antonio Beas anuncia que un equipo de abogados estudia el modo en el que los tribunales les den la razón en un proceso burocrático que, por el momento, siempre avanza en su contra.
Lo que les ocurre a los propietarios de estos dos diseminados del término jiennense no dista mucho de la realidad a la que se enfrentan en la primera fase del Tentesón, Los Bermejales, Cerro Molina y La Manseguilla. La regularización de todos estos se frenó en seco, a pesar de que el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio les dijeron que había llegado su momento. En resumen, como explicó José Alcalá, de Cerro Molina, el problema para incluir en la normativa estos residenciales es el mismo que tuvieron el centro comercial Jaén Plaza y el futuro palacio de deportes Olivo Arena. En los dos proyectos anteriores, la Junta levantó las suspensiones urbanísticas vigentes, en el último caso, mediante una resolución del pasado 28 de septiembre y, siempre con una gran diligencia, como aclara José Alcalá. Mientras ellos tienen que asistir impotentes a como se frena el desarrollo de los “sunc” jiennenses, a pesar de que, como sostiene, tenían la palabra del director general de Urbanismo del Gobierno andaluz, Alejandro Márquez y, como prueba de que se les reconoce, aunque sea extraoficialmente, sus propiedades tienen que abonar impuestos.
Estos cinco núcleos comenzaron a tomar carta de legalidad con el PGOU de 2014 y, aunque antes ya se habían dado pasos, desde esta fecha se intensificaron las gestiones para realizar los proyectos de urbanización que, en última instancia, tienen que llevar a la constitución de las juntas de compensación de propietarios, los planes de edificación y la ejecución de las obras necesarias para que la Administración local pueda recepcionar este suelo y tratarlo con la misma vara de medir que, por ejemplo, el Paseo de la Estación. Hay que tener en cuenta que, como explicó el portavoz de estos propietarios, José Alcalá, el limbo en el que se encuentran estas zonas, habitadas en algunos casos desde hace 40 años, les impide acceder a servicios como la recogida de basura. Otro ejemplo, los Bermejales y el Tentesón son objeto de multas frecuentes por no depurar sus aguas. Pero, como explicaron Serafín Medina y Antonio Beas, no es por contaminar, sino porque, al no tener la consideración de suelo urbano, a pesar de serlo de facto, las sanciones se cursan conforme a otros criterios distintos que, por no estar dentro del PGOU, es imposible que cumplan. Para buscar una salida a esta paradoja, solicitaron una reunión con la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, que aún no tiene fecha. La base normativa a la que se agarran es el decreto 2/2012 de la Administración regional por el que se regulan las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, el mismo en el que confían los residentes en Los Puentes para entrar también dentro de la legalidad. No obstante, el proceso en el caso de estos cinco “sunc” avanza con más rapidez, tanto es así que se encuentra, en general, supera el 70% de los pasos necesarios. Incluso, hay planes para renovar las redes de electricidad, aprobados por la compañía suministradora, que tienen una inversión comprometida, pero que no se pueden poner en marcha, lastrados por un galimatías legal. En el caso de La Manseguilla, como aclaró Fernando Sánchez, ya se había constituido la junta de compensación.
Hace dos semanas, tras conocer el nuevo fallo judicial que tumba el PGOU en el que habían puesto tantas esperanzas, solicitaron una reunión con el alcalde, Javier Márquez, un encuentro que todavía esperan celebrar. Quieren soluciones que nos les hagan esperar otra década, como la posible modificación puntual del PGOU de 1996, que, si nadie lo remedia, será el último en vigor en la capital, cuando el recurso contra la anulación del último plan urbanístico se resuelva en contra.
La decisión de la Junta de no levantar las suspensiones urbanísticas que pesan sobre los terrenos en los que se levantan sus barrios fue tomada, como dejan claro los propietarios, desde los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. De ahí que eximan a su interlocutor en Jaén, el delegado provincial, Juan Eugenio Ortega, de toda responsabilidad y agradezcan sus gestiones.
La concejal de Servicios Técnicos, Rosa Cárdenas, reconoce la delicada situación en la que quedan los suelos urbanos no consolidados, con la anulación del PGOU por la Justicia. Eso sí, recuerda que el documento se adaptaba a la norma andaluza y que es esta la que no se adapta a la europea, de ahí que, como dice, haya que rehacer el planeamiento urbanístico, conforme a los criterios de la UE, antes de cualquier paso.
El PSOE critica el menosprecio del alcalde, Javier Márquez, a los vecinos de las zonas residenciales y le reprocha que los use como arma electoral contra la Junta. La concejal socialista África Colomo, señala que si hay algún culpable de la situación de los propietarios de viviendas en suelo urbano no consolidado, las zonas residenciales de Tentesón, La Manseguilla, Cerro Molina y otras, es el propio Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaén con Javier Márquez a la cabeza. “Ha tenido más de dos años para regularizar estas viviendas y no ha querido, las ha puesto una y otra vez a la cola de sus prioridades”, sostiene.
La edil explica que desde finales de 2015, que se comenzaron a tramitar los expedientes, Márquez, como concejal de Urbanismo primero y como alcalde después, tenía en su mano la posibilidad de dar un trato diferenciado a estos vecinos y resolver por separado los errores y subsanaciones previos a su regularización. “Finalmente optó por meter este expediente en el cajón desastre del resto de subsanaciones, decenas de ellas, con lo que los vecinos se vieron perdidos en el atasco urbanístico que ya es conocido en el Ayuntamiento de Jaén. Ha tenido dos años y medio para demostrar que le importaban los vecinos, por eso sorprende que quien más los ha menospreciado y ninguneado, quien electoralmente los usó para justificar el PGOU quiera echar balones fuera con esta situación”, dice.
La edil pide a Márquez que explique a los vecinos cómo es posible que haya trámites del Jaén Plaza que se despachan en quince días mientras que el expediente de cientos de viviendas sigue en el mismo punto. Como ejemplo pone el de la modificación puntual del PGOU aprobada en el último pleno, con trámites resueltos en tiempo récord, subsanados en menos de 24 horas.