Diligencias previas del Tribunal de Cuentas por el proyecto del tranvía

Con el encabezado de urgente, el gabinete de prensa del Ayuntamiento distribuyó a los medios de comunicación ayer un correo electrónico en el que daba a conocer las diligencias preliminares abiertas por el Tribunal de Cuentas (TC) para derivar la responsabilidad ante unos hechos que constituyen indicios de responsabilidad contable en el proyecto del tranvía de Jaén, construido, merced a un convenio entre la Administración local y la Junta y en el que se invirtieron 120 millones de euros. El dictamen, con fecha de entrada en el registro municipal de 29 de enero de 2018, es decir, el lunes, a las 10:26 horas, llega cuando las negociaciones entre el Gobierno local y el regional para la reactivación de este medio de transporte están, otra vez, rodeadas de tensión y hacen pensar que no habrá un acuerdo. El paso que da el TC es lógico, una vez que ya emitió un informe sobre fiscalización desarrollo, mantenimiento y gestión del tren ligero que elevó a definitivo el 18 de diciembre de 2017.

Las diligencias fueron remitidas tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado, además de al Ayuntamiento y a la Agencia de Obra Pública de la Junta . Contra esta decisión cabe interponer recurso de reposición, como explica el concejal de Comunicación, Miguel Contreras. La Delegación del Gobierno andaluz, por el momento, no hace declaraciones al respecto. Hay tres hechos sobre los que tiene dudas el supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado y del sector público.

El 30 de noviembre de 2009, la Junta, con un convenio, se comprometió a financiar con 68.672 euros una investigación de la UJA sobre la integración de las personas dependientes en el sistema tranviario. En lugar ello, cree el TC, conforme a la Ley de Contratación del Sector Público, se debió firmar un contrato administrativo “ajustado a los procedimientos de adjudicación”. También se echa en falta la ausencia de informes sobre la labor realizada y el empleo de los fondos públicos. Las dudas, que justifican las diligencias, surgen al no aportar la Agencia de Obra Pública de la Junta justificación sobre la necesidad de esta colaboración o que aclaren que era imposible que se encargara a otras universidades. Tampoco queda claro, dice el TC, por qué la Administración andaluza aporta a la UJA 68.672 euros y se recuerda que en los acuerdos para poner en marcha del tren ligero no se prevé el estudio. Este periódico, trató, sin éxito, de conocer la versión de la UJA al respecto.

Las cocheras del tren ligero están en Vaciacostales, donde se ubicaba la Policía Local. Al órgano fiscalizador no le consta un informe que justifique la conveniencia de disponer de esos terrenos que, precisamente, implicaban el traslado de las dependencias del Cuerpo y apunta que, aunque la Administración local tramitó “dos expedientes contractuales” para las acciones que le correspondían, ninguno tenía por objeto construir el nuevo edificio policial y, a pesar de ello, se realizaron trabajos arqueológicos en una parcela, lo que, de nuevo, incrementó el coste. Cabe recordar que se planteó como ubicación Expansión Norte y que, finalmente, la Policía Local está en la Avenida de Granada. En su análisis, el TC habla de “insuficientes planificación” sobre el alcance de los trabajos y a deficiencias en el proyecto, lo que, añaden, “además de constituir una infracción legal, representaba un quebranto de los principios de libre concurrencia y buena fe propios de la contratación”. Las modificaciones, estiman los expertos, salieron adelante sin tramitar un expediente, conforme a las normas que rigen la contratación en el sector público, sin formalizarse la modificación ni reajustarse la garantía y tampoco constaba consignación presupuestaria alguna, estiman.

En el contrato de redacción del proyecto del trazado y de construcción del tranvía de Jaén, el contratista facturó 2.156.745,94 euros a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. El acuerdo, puntualiza el TC, incluyó el de una deuda correspondiente a trabajos realizados en febrero de 2010, por valor de 58.369,12 euros, sin que conste a que respondía esta suma. No consta que motivó la necesidad de estas labores que, además, no se fiscalizó; no hubo contrato alguno para darle cobertura ni se aprobó una modificación presupuestaria que le proporcionara encaje legal. En la fiscalización se detecta también que la empresa reclamó a la Administración local 58.6636,18 euros por servicios prestados con ocasión de las pruebas en blanco, al margen del contrato para la puesta en explotación del sistema tranviario que, entre sus prestación, incluyó la asistencia al desarrollo de la fase de marcha en vacío. “No se tramitó el correspondiente expediente de contratación por los referidos servicios ni consta justificación de por qué no se incluyeron entre las prestaciones de los contratos de asistencia técnica para la explotación del tranvía”, reza el documento del Tribunal de Cuentas en el que se recuerda que fueron necesarios dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos para su abono. En este punto, también se hace constar que se relacionan con asuntos no destinados con la subvención concedida en el marco del proyecto del tranvía 549.730,27 euros.

El tranvía solo funcionó durante su periodo de pruebas, durante apenas dos semanas, mayo de 2011. Las obras, que transformaron la ciudad, comenzaron en abril de 2009 y se ejecutaron a lo largo de dos años. Se configuró un recorrido del tren ligero que comenzaba en Vaciacostales y recorría el casco urbano, a lo largo de algo más de cuatro kilómetros, desde su zona norte hasta el centro, a las puertas del área comercial y turística.