Cuatro de cada diez menores en Jaén está en riesgo de pobreza

Son los más vulnerables y los datos lo demuestran de nuevo. Hoy, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Infancia, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza (Eapn-A), pone de manifiesto que los menores son los más castigados por la pobreza. Este colectivo señala que casi la mitad de los menores de 18 años jiennenses (concretamente, el 48, 1 por ciento) aún se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, —se puede estimar que afectaría a más de 48.000 menores jiennenses—. Jaén, al igual que el resto de provincias andaluzas, se encuentra muy lejos de poderse comparar con la tasa nacional, que se sitúa en el 34,4 por ciento. Andalucía es la segunda comunidad con la tasa de pobreza infantil más alta de España, por detrás de Ceuta.

La Eapn-A recuerda en su último informe sobre la pobreza que la comunidad andaluza es la región con mayor número de niños viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo, en total 18,8%. En 2014 el porcentaje se situaba en 24,2%, lo cual significa que mejoró 5,4 puntos. Asimismo señalan que el 9,8 por ciento de los menores jiennenses de 18 años vive en hogares con carencias material severa, frente al 9,1% de los menores españoles. En 2014, en Andalucía, el dato era de 10,1 por ciento y en España, del 9,5, en este aspecto ambos datos se mantienen muy próximos. Todos ellos son distintos umbrales para una misma realidad, la que revela la precariedad que sufren cientos de familias y que, por desgracia, transmiten a sus hijos. Los porcentajes ofrecidos por la Eapn-A colocan a la infancia jiennense en una situación más delicada, si cabe que, en el resto del conjunto de España.

Entre los retos que se propone la red andaluza está el reducir riesgo de pobreza y exclusión social infantil hasta un 25 por ciento. “Esto sería posible si las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social contaran con una renta básica adecuada, si se siguiera apostando por la ampliación de plazas y becas comedor escolar, si se llevara medidas concretas para frenar el absentismo y fracaso escolar, adecuación de las prestaciones por desempleo de manera que protejan de forma más efectiva a las familias con hijos o personas dependientes, entre otras medidas”, señala la Eapn, quien confía en que el reciente II Plan de Infancia y Adolescencia así como la Alianza contra la Pobreza Infantil favorezcan la reducción de vulnerabilidad infantil en las provincias andaluzas. “Somos conscientes que la Administración se esfuerza con el objetivo de reducir estas cifras, pero también somos conscientes que es necesario mayor compromiso e inversión”, apunta Manuel Sánchez Montero, presidente de Eapn-A.

Por su parte, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega destacó que el Gobierno andaluz trabaja para concretar las políticas de atención a la infancia y a las familias andaluzas en los próximos cuatro años y que con su elaboración se pretenden instaurar una nueva cultura de la infancia, para que los niños disfruten de un elevado reconocimiento social. “A través del II Plan de la Infancia y la Adolescencia se define a este grupo de población como una prioridad política y, por tanto, presupuestaria. Las políticas dirigidas a la infancia contemplan una mirada distintiva y compensatoria, así como un esfuerzo de discriminación positiva hacia aquellos recursos y estrategias que afectan a grupos de niños de mayor vulnerabilidad personal y familiar”, señala Vega. Por otro lado remarcó, durante la celebración de un pleno municipal con los menores como protagonistas con motivo de esta efeméride, con este nuevo plan se pretende propiciar la presencia y significación de la infancia y la adolescencia en los asuntos públicos, al promover una nueva ciudadanía de los menores. El II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía (2016-20), que se presentó el pasado 9 de noviembre en la provincia de Jaén, constituye el instrumento encargado de concretar las políticas de atención a la infancia y las familias andaluzas en los próximos cuatro años con el objetivo de garantizar la protección integral de los menores en las políticas públicas y reforzar las medidas para garantizar sus derechos y evitar situaciones de exclusión social. Otros de los objetivos de esta iniciativa es que se generen las mejores oportunidades para que los menores desarrollen sus capacidades.