Condenados por la mayor plantación de la provincia

En marzo de 2015, la Comisaría recibió un chivatazo. Un informante anónimo alertó a la Policía de la existencia de un invernadero casero de marihuana en una nave del Polígono de Los Rosales, a las afueras de la capital. Los agentes tardaron muy poco en comprobar que su “garganta profunda” decía la verdad y que el asunto que tenían entre manos era gordo, muy gordo. En abril, la Brigada de Estupefacientes entró a saco en el inmueble que albergaba un antiguo taller mecánico. Fue la operación “Rosales”, en la que se encontraron 1.600 macetas. Hubo ocho detenidos, entre los que estaban los encargados del cultivo y los “segadores” de la hierba, jornaleros que, según la Policía, trabajaban a sueldo.

Después, los investigadores descubrieron que esa plantación no era la única y que los detenidos gestionaban más invernaderos. Se puso en marcha la operación “Chispa”, bautizada así porque el considerado cabecilla del grupo era un empresario electricista que estaba pasando por apuros económicos. Los macrocultivos estaban ubicados en dos chalés que la banda había alquilado en los meses de septiembre y noviembre de 2015 en el Puente de la Sierra y Jabalcuz, respectivamente. Habían habilitado las casas para albergar los cultivos. Sellaron todas las ventanas y puertas de las plantas superiores de cada edificio para evitar que los olores llegaran al exterior y pusieron en pie los invernaderos. Llamó especialmente la atención el hecho de que el grupo había realizado una zanja de más de cien metros en la que ocultaron una manguera eléctrica. El cable unía un transformador y el registro de una de las viviendas. Era el enganche ilegal, con el que los detenidos querían ahorrarse el “facturón” que generaba su negocio y, al mismo tiempo, no levantar sospechas con un alto consumo. En los dos chalés, también se decomisaron más de 700 plantas.

Fue la mayor aprehensión de marihuana de Andalucía de todo el año 2015 y la mayor de Jaén de los últimos lustros. Ahora, los nueve responsables acaban de sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgados. Frente a la magistrada Valle Elena Gómez todos se reconocieron autores de un delito contra la salud pública. Apechugaron para “comerse” condenas que oscilan entre los dos y los tres años de cárcel. El mayor castigo se lo han llevado los dos hombres considerados jefes del grupo, es decir, el electricista que montó los invernaderos y el encargado de su mantenimiento.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba la misma pena para todos: tres años y siete meses de cárcel. Sin embargo, los nueve acusados decidieron no jugársela y aceptar el acuerdo que el Ministerio Público les puso sobre la mesa para evitar un castigo más severo. La sentencia por el mayor alijo de “hierba” decomisado en Jaén ya es, por lo tanto, firme y contra él no cabe recurso.

La operación “Rosales-Chispa” puso de manifiesto cómo un grupo de delincuentes comunes de la capital jiennense quiso entrar en el negocio de la marihuana. Ellos fueron capaces de poner en pie una sofisticada infraestructura en naves y casas de campo. Aparatos de última tecnología que tienen un alto coste y que, curiosamente, fueron pagados al contado. ¿Quién le suministró la financiación al grupo? Es lo que la Policía trató de averiguar y, por ello, llegó a abrir una cuarta fase de la operación “Chispa”. Hay que recordar que cada uno de los invernaderos desmantelados supone un desembolso mínimo de unos 30.000 euros. Los agentes trabajaron con la hipótesis de que grupos criminales organizados suministraron los materiales y el dinero para poner en marcha las plantaciones. Posteriormente, cuando los cogollos pudieran ser recogidos, los beneficios de la comercialización se reparten.

En esta operación también fue descubierto un tercer chalé ubicado en el kilómetro 3 de la carretera de La Guardia y en el que también había un gigantesco invernadero “indoor”. Estaba ubicado en una de las habitaciones de la casa y oculto por un gran tablón de madera. La Policía se incautó 1.014 plantas, listas para ser recolectadas. Su dueño, un vecino de la capital, se sentó en el banquillo el 12 de julio de 2016. Aceptó una condena de dos años de cárcel y el pago de una multa de 300.000 euros. Se declaró insolvente y no entró en la cárcel.