Arranca la contratación de la basura tras 5 años sin contrato
JeC advierte de que el pliego de condiciones abre la puerta a un futuro ERE
Gracias al puntal que son, de facto, los concejales no adscritos Salud Anguita, Víctor Santiago e Iván Martínez, el equipo de Gobierno del PP consiguió sacar adelante el expediente para la contratación del servicio de recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes que FCC presta desde hace un par de décadas en la ciudad y, en los últimos cinco años, sin contrato. En un debate plenario en el que se enfrentaron dos formas radicalmente opuestas de entender la gestión de los servicios públicos, el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, defendió la licitación del contrato como “la mejor solución” para prestar la recogida de basura, oponiéndola a la “remunicipalización” que reivindicaba por Jaén en Común (JeC). Bonilla descartó esta opción enarbolando la bandera de la difícil situación económica y financiera de la entidad local y amparado en el informe técnico que “determinó que la municipalización sería de 14,2 millones de euros”, uno más que el precio de salida del servicio en el pliego de licitación (13,3 millones) y que, además, exigiría “inversiones por encima de los 8,5 millones de euros que, objetivamente, este Ayuntamiento no tiene capacidad de afrontar”.
Aunque Bonilla lamentó los cinco años que la recogida de basura se lleva realizando en la ciudad “en precario”, los disculpó con un “nunca es tarde, si la dicha es buena” que supo a poco a la bancada del PSOE y enumeró las características de un pliego que “garantiza la subrogación de todos” los empleados y supone un ahorro —dijo— del “entorno de los 2,5 millones de euros al año” respecto a los costes actuales, cifrados en “15-15,5 millones al año”.
En su argumentario a favor de continuar con la privatización de la recogida de basura, el concejal de Hacienda encontró de su parte a los ediles no adscritos. Alineados los tres en el “sí”, apoyaron explícitamente la licitación, aunque tanto Víctor Santiago como Iván Martínez reconocieron que les habría gustado más otras opciones, como dividir la licitación por servicios “para conseguir más competitividad y ahorro”, comentó Martínez. A su lado, Santiago aseguró: “Hubiera apoyado la municipalización si este Ayuntamiento fuera viable económicamente. No voy a dar mi voto a una municipalización para que la gente el día de mañana se quede sin cobrar”.
El portavoz municipal de Jaén en Común (JeC), Manuel Montejo, fue especialmente vehemente en su alegado a favor de una gestión directa por parte del Ayuntamiento del servicio público más importante y costoso de la ciudad. Replicando a las llamadas a la responsabilidad que el edil de Hacienda llevaba meses haciendo a la oposición para sumarse a la fórmula de la licitación, Montejo aclaró: “La principal responsabilidad de los que nos sentamos aquí es con la ciudad y Jaén no se puede permitir otros 20 años de sobrecostes de un servicio mal prestado, con precariedad laboral y con irregularidades que, actualmente están en los tribunales [en alusión a las filtraciones contaminantes derivadas de la gestión del vertedero municipal que FCC niega, sin embargo]”. “Por responsabilidad, hay que decir basta”, apostilló el portavoz de JeC, que dudó de que la licitación garantice los 361 empleos que cifra el comité de empresa asociados al servicio de recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes. Fundamentó estas dudas en que los costes laborales se reducen “en 600.000 euros” y en el pliego solo se contabilizan 324 puestos de trabajo, por lo que reprochó al partido gobernante: “Ustedes están dando causas objetivas [a la futura adjudicataria] para un ERE”. Bonilla contrarrestó estas afirmaciones, afirmando que los costes salariales aumentan en cerca de 400.000 euros.
Aunque sin abogar explícitamente por la municipalización del servicio, el PSOE —que, en campaña electoral, estuvo a favor de esta fórmula y, más tarde, defendió la encomienda de gestión de la basura a la Diputación Provincial— reclamó un mayor control público de los servicios que están concesionados en la capital, que son la mayoría. Y ese incremento del control —advirtió el portavoz municipal, Manuel Fernández Palomino—, no se consigue perpetuando la privatización del servicio 12 años más, con posibilidad de dos prórrogas de 4 años cada una. O sea, dos décadas. “Desde los años ochenta, ha habido más de 60 modificaciones de contrato —apuntó el líder socialista—. En una concesión administrativa, y en esta, en particular, manda FCC, y si hay deuda, como la que usted [ha lanzado a Bonilla] recibió y yo recibí, ¡mejor!, porque el control es más laxo”.
El concejal de Hacienda rebatió esta aseveración blandiendo en el salón de plenos la resolución definitiva por la que el Ayuntamiento está reclamando a FCC el reintegro de 3,6 millones de euros por cobros indebidos de materiales que ya habían sido amortizados.
Dos horas después de que se hubiera aprobado el inicio del expediente de contratación del servicio de basura, el equipo de Gobierno local “enmendaba” el pliego forzado por la oposición. En una moción conjunta, el PSOE y JeC consiguieron lo que el PP les había negado en el debate sobre la licitación: sacar del pliego de condiciones la recogida selectiva del papel-cartón usados, que aparecen como una mejora del contrato. La propuesta que salió adelante está dirigida a que la Asociación Provincial ProMinusválidos Psíquicos de Jaén (Aprompsi) siga prestando el servicio a través de una fórmula que decida concertar con el Ayuntamiento (y lo que ha planteado es un contrato reservado) que “haga viable la continuidad de los parámetros de calidad y aporte social en los que el servicio ha venido realizándose en los últimos años”.
“No puede ser que haya un procedimiento abierto a otras empresas con muchas más posibilidades”, criticó Fernández Palomino, que razonó: “Si este servicio se licita así, genera expectativas y derechos en una empresa y condena a que esta situación acabe en el juzgado”.
Aunque, en el debate sobre el pliego de la basura, el concejal de Hacienda no dio su brazo a torcer, subrayó, in voce, el compromiso municipal para que Aprompsi conserve el servicio. “¡Pero es necesario que esté por escrito!”, exigió Montejo. Las críticas le llovían al PP, pero Bonilla redujo la moción a un sin sentido. “Nunca, nunca, nunca, hemos cuestionado a Aprompsi y la labor social que realiza, ni la cualificación de sus trabajadores, ni el precio del convenio vigente”, señaló, anunciando que el procedimiento de contratación reservada ya se ha iniciado y que se ha remitido a los Servicios Técnicos Municipales para que lo analicen y estudien costes. “Si vale menos, seguiremos ofertando una subvención para Aprompsi”, aseguró. La asociación por fin respira.