Ante la deuda “impagable”

El Ayuntamiento no atajaría su agujero económico, ni despatrimonializándose

20 feb 2016 / 11:36 H.

Sostiene el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, que las cifras de la cuenta general de 2014, que la Corporación municipal discutirá en el pleno del próximo viernes, son “el resultado de la política de austeridad” que el anterior equipo de Gobierno, también del PP, aplicó a partir de 2011 y frente a los “dispendios” de la etapa anterior, que siempre ha reprochado. Pero con una deuda que baila —en función de quienes sean sus intérpretes— entre los 470 y los casi 640 millones de euros, la austeridad pierde su significado académico.

Entre 2011 y 2014, y a tenor de los resultados de las cuentas generales de ambos ejercicios, a las que accedió este periódico, el agujero económico y financiero del Ayuntamiento sufrió un incremento de casi 200 millones de euros, pasando de los 442.059.770 euros a los 639.761.873, a 31 de diciembre de 2014. El dato supone un aumento del 44,7% de una deuda global que la Administración local sería incapaz de afrontar ni despatrimonializándose siquiera.

Lo advirtieron ya en el anterior mandato los ediles del PSOE José Manuel Colmenero y Juan Carlos Rodríguez Cohard y la cuenta general del año 2014 lo corrobora. El patrimonio municipal al cierre de ese ejercicio, el último del que se conocen datos, ascendía a 154.730.000 euros. Pero resulta casi irrisorio frente a la dimensión de una deuda que cuadruplica esta cantidad. Esta situación arroja una deuda por habitante de 5.523 euros que la oposición solo ve posible atajar con un “rescate” por parte del Gobierno y la ayuda de otras administraciones, como la Junta de Andalucía.

El innegable balón de oxígeno que supusieron las sucesivas ediciones del plan de pago a proveedores reconvirtió a largo plazo la deuda que era a corto, multiplicando las cuentas pendientes del Ayuntamiento con las entidades financieras. “Lo hicieron sabiendo que somos malos pagadores, así que lo que se generan son intereses de demora por no pagar a tiempo”, expone la concejal socialista Mercedes Gámez, que, comparando las cuentas de 2011 y 2014, resuelve: “Observando la evolución, se ve claramente que la deuda tiene nombre: el PP”.

Igualmente críticos se muestran los ediles de JeC. En la moción que el grupo municipal defenderá en el pleno del viernes para que la Corporación declare “ilegítima” parte de la deuda que mantiene el Ayuntamiento, se pone el acento en el efecto estrangulador que ejercen los intereses sobre la entidad local. “Contabilizados los tres planes de pago a proveedores suscritos por el Ayuntamiento, a diferentes intereses, el total de la deuda financiada es de 247.805.356,44 euros, a los que habría que sumar más de 150 millones”. Aduce JeC: “Desde la entrada en vigor de estos planes, el gasto del Ayuntamiento en intereses de préstamos ha aumentado en los años 2013 y 2014 un 200%, casi 20 millones”. Y, en 2015, podrían rondar —estima— los 14 millones.

Pero la situación aún puede empeorar. “A partir de este año, cuando vayan finalizando los periodos de carencia de las respectivas operaciones, el gasto financiero del Ayuntamiento por estos planes de pago se incrementará hasta llegar a ser de más de 25 millones de euros anuales”. Por eso, tanto el PSOE, como JeC han coincidido desde el principio en la necesidad de un “rescate”. No lo ve igual, sin embargo, el equipo de Gobierno local. Reconoce que la situación municipal es crítica, pero el edil de Hacienda, Manuel Bonilla, considera que la receta para equilibrar las cuentas pasa por medidas que —señala— ya se están aplicando, como la “contención del gasto”, y otras que está previsto ejecutar, como extremar el control de las concesionarias, con medidas como la licitación del pliego de condiciones de la recogida de basura, que espera que se realice en primavera, o la mejora de la recaudación tributaria. Para ello, anuncia que, en las próximas semanas, su Concejalía presentará un plan vinculado a la gestión del cobro de los tributos y de los ingresos, en general. Bonilla niega que la deuda municipal roce los 640 millones. La sitúa entre los 470 y los 477 millones. No obstante, sea una cantidad u otra, su pronóstico es desalentador: “Mientras no se reequilibre el presupuesto del Ayuntamiento, la deuda se incrementará en torno a los 20-30 millones, porque es un déficit estructural”. Y señala: “Se tardará en equilibrar las cuentas porque por la vía de personal el compromiso es mantener los puestos de trabajo”. “No queda, por lo tanto, más remedio que ajustar el déficit”. Y, en el capítulo 1, evitar la reposición de las jubilaciones “en un 80-90%”, adelanta.

“Más de seis millones de euros” adeudados a los autónomos, a pesar de la Ley de Morosidad

En el círculo vicioso en el que ha entrado la economía municipal, cada vez más acosada por las deudas y sus intereses de demora e impelida por la necesidad de seguir rubricando créditos para los que hipoteca ingresos del futuro, los proveedores engruesan, junto con el desarrollo de la ciudad, el bloque de los damnificados. En un nuevo informe sobre la morosidad de las administraciones públicas de la región, la Asociación de Autónomos de Andalucía (ATA) confirma en el podio al Ayuntamiento de la capital. No solo es la entidad local que más tarda en pagar sus facturas en el conjunto de la comunidad autónoma y también del país. Según el informe, los autónomos de Jaén esperan de media casi un año para cobrar. En concreto, 320 días de media, un plazo que se incrementó en 100 días (un 45,5%) entre los meses de mayo y noviembre del año pasado, pese a la Ley de Morosidad que el Gobierno central impulsó hace casi dos años para evitar estas situaciones. Junto a ello, se ha incrementado también la cantidad adeudada en un 15,2%, más de 6 millones de euros.

En el lado opuesto se sitúa el Ayuntamiento de Málaga, como el que mejor paga a sus proveedores autónomos. Lo hace en una media de 22 días, que, aunque ha subido en dos días en el periodo analizado, todavía está dentro de los plazos legales. La cuantía pendiente de pago ha descendido un 7%, concretamente en 703.069 euros, hasta situarse en 9.297.984 euros.

Con todo, las administraciones locales son las que muestran más problemas a la hora de cumplir la Ley de Morosidad. Frente a los 45 días de media en los que pagan las diputaciones, los ayuntamientos de las capitales de provincia saldan sus cuentas pendientes con los autónomos en 106 días de media. Entre mayo y noviembre, los plazos se incrementaron en 17 días, aunque, en su conjunto, redujeron un 9,9% la deuda.